La Iglesia Católica Romana no aprenderá nunca que, también en la España de María Santísima, es “una” confesión como las demás y no “la” religión del Estado. Éste es un  empeño inútil, a pesar de lo que dice la Constitución y de los esfuerzos que muchos católicos han hecho y hacen en este sentido. Pero, en realidad, quienes han de tener las ideas claras son los poderes públicos.

El fatal accidente aéreo de Madrid ha producido un elevado número de muertos. Poco a poco, los muertos van recibiendo las honras fúnebres propias de sus convicciones filosóficas o religiosas; sus familias cuidan de ello. Pero la magnitud y las circunstancias del suceso hacen comprensible que se quiera celebrar un acto colectivo de expresión del dolor compartido y de la sensibilidad de la Ciudad con los que sufren directamente la pérdida de un ser querido. El marco en el que esto se produzca no puede ser otro que el espacio público, el que nos es común a todos, aquél en el que todos somos estrictamente iguales. No reúnen esta condición ni la Iglesia Católica, ni ninguna otra confesión, las cuales pueden, obviamente, llevar a cabo sus propios ritos por los muertos. Pero ninguna celebración religiosa particular puede pretender monopolizar el espacio público para substituir a la representación democrática de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Las Palmas deben organizar, respectivamente, un acto civil, laico, con representación de las principales creencias y convicciones -lo que incluye a los librepensadores-, o sin ella. Un acto austero, silencioso y evocador. Pero no puede excusarse o abstenerse porque el Arzobispado católico de Madrid organice una misa el uno de septiembre. El acto católico es de “una parte” del país y ha de ser “todo” el país el que se halle representado. Las autoridades pueden acudir como particulares al acto católico colectivo, pero no como tales autoridades, legitimando así la usurpación eclesiástica de la despedida a los muertos. Las autoridades pueden y deben asistir como tales autoridades a las celebraciones religiosas particulares de cada ciudadano, como una muestra de respeto a sus creencias. Pero, precisamente, por ese mismo respeto a las creencias y convicciones dispares del conjunto de los fallecidos, el acto colectivo no puede ser más que civil, laico, integrador, representativo de la madurez de una sociedad adulta y consciente de su complejidad.

Apelo, como ciudadano particular y como presidente de la Fundación Ferrer,  de forma expresa, al carácter abierto de don Alberto Ruiz Gallardón y a la pública militancia laica de don Jerónimo Saavedra.