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La política no pot caure en la ingenuïtat de pensar que no cal definir estratègies d’acció ni en el parany de que entre tots ho farem tot. La política requereix l’organització d’una acció eficaç, de la mateixa forma que un edifici no pot construir-se sense plànols. Però la política que adopta mecanismes d’eficàcia no pot confondre aquests mecanismes amb la política mateixa, perquè així la política quedaria reduïda a les fórmules de mantenir-se en el poder. La bona política (en el mal sentit) seria sempre la que fan els nostres i la mala política la que fan els altres. Aquest maniqueisme groller es només una mostra d’anti-il·lustració. Les Llums, al contrari, obliguen als ciutadans a instruir-se, els inciten a cercar la saviesa, els provoquen a associar-se per a ser forts i, al cap i a la fi, els motiven a estimar-se per a assajar fórmules de felicitat.
La fraternitat és l’estimació altruista que justifica esmerçar una part del nostre temps al servei de la república, i aquest servei de la república és la més noble definició de política. Aquesta és avui la militància ideològica d’un personatge que es situa molt més enllà de la seva afiliació de partit i que és José Luis Rodríguez Zapatero, a qui em permetreu que esmenti ara com un referent personal i no com un element de propaganda. Contra aquesta aposta republicana de Zapatero, els seus enemics del principal partit de l’oposició (que podrien ser simplement adversaris, com ho són moltes formacions parlamentàries menors) opten per situar-se fora de la república, en la mentida i la difusió d’idees dissolvents i fratricides. La política de la fraternitat expressa amb fermesa les conviccions i cerca el diàleg en un terreny central de trobada; la política fratricida crida amb mala educació i violència els seus insults i sembla preferir que el país es situï en el pitjors escenaris, abans que reconèixer als altres la més mínima virtut.
Como republicano federal mi celebración preferida es la del 6 de diciembre, aniversario de la Constitución. Cuando todavía no era fiesta solía invitar a mis alumnos a una copa de cava en la cafetería de la Escuela de Empresariales. Espero que algunos lo recordarán, ahora que la fecha se ha convertido en la excusa para unas mini-vacaciones. La Constitución, en efecto, inaugura una era especialmente afortunada de la historia de España, caracterizada por la mayoría de edad, de sus ciudadanos, por la rotunda asignación de la soberanía al pueblo y por el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones. Muere así la monarquía tradicional (el gobierno de uno), cuyo último titular fue el general Franco, y nace definitivamente la república democrática (el gobierno del pueblo en una sociedad inspirada por la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político), cuya primera jefatura es ocupada por el rey Juan Carlos. ¿Una paradoja de la Historia? No, ciertamente, es la historia misma de un país atrasado y deforme que sólo empieza a comprender el significado de emancipación y progreso de su tradición liberal a fines del siglo XX y que acalla los demonios familiares de la religión fundamentalista, de la pervivencia de formas políticas arcaicas y del monopolio de la riqueza y del conocimiento mediante la construcción prudente de un edificio común para la convivencia en libertad. Esta república coronada del 6 de diciembre de 1978 es heredera de nuestros mejores momentos liberales, del golpe al absolutismo de 1820, de la revolución gloriosa de 1868 y de la exaltación de la ciudadanía de 1931. Todos los países democráticos han tenido que cercenar el poder del Rey y de la Religión porque ambas instituciones eran por definición enemigas de la democracia. Por el contrario, la democracia es perfectamente compatible con los reyes (constitucionales) y con las religiones (expresión de la conciencia individual en un marco político de laicidad). Por esta razón no es una paradoja que la España democrática sea una monarquía parlamentaria. Y por este motivo no debería nadie de buena voluntad haber albergado duda alguna de la conveniencia y de la justicia de celebrar solemnemente el trigésimo aniversario de la coronación de don Juan Carlos hoy 27 de noviembre, que está pasando sin pena ni gloria. El entierro del general Franco fue el último acto de una España aislada; la coronación del Rey, el primero de un proceso de recuperación de la dignidad perdida y de retorno al concierto de las naciones. La notabilísima desproporción cualitativa entre las representaciones internacionales presentes en uno y otro acto fue el símbolo de la percepción diplomática de las posibilidades del cambio.
Claro que la caverna siguió golpeando y que mucha gente sufrió. Claro que la movilización activa y militante por la libertad, la amnistía y la autonomía política fue el factor insubstituible del progreso institucional. No existen los milagros. Pero aquel 27 de noviembre de 1975 significó un hito trascendental, el inicio del camino hacia la irreversible transformación democrática de España, una causa a la que ha servido fielmente nuestro primer funcionario, circunstancia que fundamenta con rigor la necesaria unidad en torno a la celebración del trigésimo aniversario de su toma de posesión, celebración que, como es sabido, ha tratado de impulsarse no por casualidad por un gobierno impregnado de los valores republicanos.
La gran asignatura pendiente (¡desde 1812!) de las fuerzas conservadoras españolas –encarnadas hoy, básicamente, en el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió- es la adopción de un sistema de valores en el que ocupe un lugar cimero la construcción del espacio público, para todos los ciudadanos, donde resulte posible el ejercicio de las libertades basado en un equilibrio ideal entre el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Nuestros conservadores, con pocas y honrosas excepciones, son furibundamente nacionalistas (aunque cada partido de una bandera distinta) y ello les conduce a la irrazonabilidad de colocar la Nación por encima del Estado, la Filosofía al servicio de la Teología y la mitología identitaria como espejismo oscurecedor de la realidad tangible de una ciudadanía plural. Ésta no es, sin embargo, una condena inexorable ni las cosas deberían siempre seguir siendo así. El país necesita que sus partidos conservadores entiendan e interioricen que los años transcurridos desde la Ilustración y desde la Revolución francesa no han pasado en vano y que, por tanto, ya no existe el poder de origen divino sino la delegación temporal de funciones ejercida mediante la soberanía popular, es decir, mediante el ejercicio de la democracia y de la libertad. Porque democracia y libertad no son conceptos sinónimos, sino complementarios: la democracia se fundamenta en el gobierno de la mayoría y la libertad, en la protección de los débiles. El ideal liberal-democrático tendría que estar enraizado en la conciencia social de tal modo que su vigencia plena no dependiera de la alternativa electoral, sino que constituyera el eje inmóvil, intocable e indiscutible de la vida de una Ciudad digna de este nombre.
La Ciudad –la república como modelo de convivencia de una sociedad buena- no puede construirse más que con la complicidad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Esta afirmación no es una tautología sino que acentúa la significación generalizadora de la expresión “todos y todas”. En la Ciudad no caben las exclusiones ni la soledad del desamparo porque la Ciudad es incompatible con la selva, con el poder del más fuerte, con la exacerbación de un individualismo insolidario y con ese enfermizo “ultraliberalismo” darwinista que preconiza la extinción de quienes no puedan sobrevivir a sus expensas. La Ciudad, por el contrario, nace del desarrollo de unas reglas de convivencia enraizadas en su seno, es decir, del Derecho concebido como la tensión permanente para alcanzar la justicia. No es Derecho, aunque se vista de tal, ni la venganza ni la violencia. No es Derecho, tampoco, lo que permite el desvalimiento de una parte de la sociedad ni lo que autoriza el fraccionamiento comunitarista de una Ciudad que los liberales de verdad han considerado siempre indivisible. Por esta razón, la Ciudad si quiere seguir siendo ella misma, no puede permitirse el lujo de excluir a los conservadores, pero éstos harían bien en tratar de comprender, por fin, que su herencia no es la de los militares golpistas que han ocupado con sus botas una buena parte de nuestro siglo XX, una herencia que deberían repudiar de forma expresa, ni tampoco la de los nacionalismos mesiánicos (del estilo Primo de Rivera, hijo, Sabino de Arana o Torras i Bages), sino el patrimonio europeo común de construcción de la república continental, pleno de referentes conservadores genuinamente democráticos.
El gran reto de reconstrucción de la Ciudad que se abre en Cataluña tras las elecciones del 16 de noviembre de 2003 radica, en mi opinión, en la potencialidad extraordinaria de los valores republicanos que comparten los partidos políticos concertados en torno al Presidente Pasqual Maragall. Ha llegado la hora del Estado (del Estado catalán en el seno del Estado español y éste, a su vez, formando parte integrante de la Unión Europea) al servicio de los ciudadanos y de liberar a los súbditos de la esclavitud de la Nación encarnada por falsos profetas. La responsabilidad del gobierno catalanista y de progreso está en demostrar, desde el primer día, lo que significa una acción política basada en la libertad, la justicia, la tolerancia y la laicidad. Está, también, en la reestructuración de las prioridades del gasto público, en el adelgazamiento de una Administración elefantiásica, en la mejora de la calidad de los servicios esenciales como la sanidad, la asistencia social y la educación públicas, lo que incluye revalorizar la autonomía universitaria dotándola de medios y exigiéndole resultados, y en la rectificación del error de querer transformar Cataluña en una Disneylandia de cartón piedra, en la que la estética de lo superficial esconde la muerte de los ríos y de los montes.
Este es un momento de ilusión porque, entre todos, vamos a reconstruir la Ciudad. Y al hacerlo, desde la fuerza moral de la izquierda catalanista de tradición intachable, que nace en Valentí Almirall y llega hasta nosotros en la figura de Josep Tarradellas, nadie debe sentirse marginado, porque el resultado ha de ser una Ciudad mejor. Una Ciudad en la que resulte imposible la división fratricida entre “verdaderos” y “falsos” catalanes, una Ciudad en la que el pacto republicano nos haga a todos iguales, fraternos y libres.
Publicado en Management & Empresa, número 35 – diciembre de 2003.
¡Esa luz!
Carlos Saura, Galaxia Gutemberg & Círculo de Lectores, Barcelona, 2000.
Diego Larios, periodista a El Socialista, viu a Madrid l’esclat de la guerra civil l’estiu de 1936, mentre Teresa i la seva filla queden atrapades a la zona nacionalista i han de refugiar-se a Zamora. Aquesta opera prima de Carlos Saura descriu, amb el ritme cinematogràfic propi de l’ofici de l’autor, els dos escenaris paral-lels en que viuran els protagonistes, compromesos amb els valors de la república democràtica i, per tant, en una situació de perill des de les posicions d’intolerància nascudes de la divisió fratricida dels republicans i del fanatisme religiós dels nacionalistes. ¡Esa luz! ha de convertir-se en una recomanació obligada per a l’educació de les noves generacions en la democràcia, perquè amb tècnica novel·lística manté la tensió del lector i el fa viatjar en el temps a través del nostre passat col·lectiu. El resultat de la lectura és, de la ma d’un desenllaç inevitablement tràgic, una forma de despertar sentiments de rebuig al feixisme ibèric.
