En los últimos tiempos parece haber descubierto la Agencia Tributaria que el nuestro es un país de defraudadores, movidos esencialmente por instintos egoístas, a quienes sólo puede tratarse mediante una fortísima represión. Parece que la única política válida que seguir para mejorar la situación de nuestra maltrecha Hacienda Pública sea la de la represión y la de la policía. En determinados ambientes funcionariales se percibe una creciente agresividad hacia el contribuyente al que se trata a menudo como un presunto delincuente. No faltan ejemplos sobre esto último, pero vale la pena citar la falta de fundamento jurídico de muchas de las pesquisas e investigaciones que se dirigen en relación al contribuyente, la generalizada sumisión a complicados y repetitivos deberes de colaboración, la consideración de cualquier diferencia en la liquidación tributaria como merecedora de una sanción, y el uso y abuso de posiciones jurídicamente indefendibles en muchas actas de la inspección con la esperanza de que el contribuyente no tendrá ni las ganas ni los medios de recurrir ante los Tribunales.

Contra este estado de cosas debe afirmarse seriamente que  no es de recibo a estas alturas seguir sosteniendo que el fraude fiscal es una inevitable emanación de nuestro egoísmo colectivo o que se trata de una característica inseparable de los hábitos del español medio.

Por el contrario en la conducta de nuestros conciudadanos se hallan muchas demostraciones de generosidad y de voluntad asociativa que desprestigian el argumento del egoísmo social de nuestro país. Piénsese por ejemplo, en la colaboración para la extinción de los incendios o en la recaudación para luchar contra el hambre y la enfermedad en Ruanda, cuyo récord europeo ostenta España, en la multiplicidad de asociaciones de todo tipo dedicadas a finalidades no lucrativas y, por último, sin agotar por ello los posibles casos, la opción muy extendida por la prestación social sustitutoria como una forma de contribuir al establecimiento y desarrollo de una paz duradera.

No parece, pues, que vivamos en un país de egoístas. No se sostiene, por tanto, que el fraude fiscal halle sus raíces exclusivamente en ese pretendido e inexistente egoísmo. En consecuencia una política de la Administración basada esencialmente en la represión podrá atajar quizás algunas de las manifestaciones del fraude pero desde luego no resolverá la raíz del problema. He escrito en otras ocasiones que nuestra Constitución es esencialmente una carta de derechos y libertades. No podía ser de otra manera pues constituye una reacción contra el precedente régimen dictatorial. El Estado social y democrático de Derecho halla su razón de ser en la defensa y extensión de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Precisamente para el cumplimiento de este mandato la Constitución establece también los deberes de los ciudadanos entre los cuales ocupa un papel relevante el deber de contribuir. El cumplimiento de los deberes constitucionales y por tanto, también el cumplimiento del deber de contribuir es un elemento imprescindible del funcionamiento de un Estado democrático. Tanto es así que resulta indisociable el cumplimiento de los deberes y como uno más entre ellos, no como un superdeber, del deber de contribuir, de los valores públicos que contribuyen a estabilizar el funcionamiento de un sistema democrático. Una sociedad como la española, que tiene en alta consideración la convivencia en libertad en un sistema político abierto y cuya memoria histórica necesariamente ha de ser sensible a las enormes dificultades que la implantación de tal sistema ha comportado, ha de ser una sociedad en la que el cumplimiento del deber de contribuir resulte algo espontáneo y natural y en dónde el incumplimiento se relegue a una conducta marginal. El fraude fiscal sin embargo, existe, pero no pueden confundirse como homogéneas todas y cada una de sus manifestaciones. No es lo mismo el pequeño ahorrador que en un momento determinado se acoge a los cantos de sirena de las llamadas primas únicas que el gran inversor que falsea deliberadamente el precio de una transmisión inmobiliaria. No es lo mismo el pequeño contribuyente que omite declarar los rendimientos de un fondo de inversión, confundido por determinada publicidad consentida por las autoridades financieras,  que la utilización de testaferros a los efectos  de ocultar a los verdaderos titulares de una determinada manifestación de capacidad económica.