La gran   asignatura  pendiente  (¡desde 1812!) de   las   fuerzas   conservadoras   españolas –encarnadas hoy, básicamente, en el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió- es la adopción de un sistema de valores en el que ocupe un lugar cimero la construcción del espacio público, para todos los ciudadanos, donde resulte posible el ejercicio de las libertades basado en un equilibrio ideal entre el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Nuestros conservadores, con pocas y honrosas excepciones, son furibundamente nacionalistas (aunque cada partido de una bandera distinta) y ello les conduce a la irrazonabilidad de colocar la Nación por encima del Estado, la Filosofía al servicio de la Teología y la mitología identitaria como espejismo oscurecedor de la realidad tangible de una ciudadanía plural. Ésta no es, sin embargo, una condena inexorable ni las cosas deberían siempre seguir siendo así. El país necesita que sus partidos conservadores entiendan e interioricen que los años transcurridos desde la Ilustración y desde la Revolución francesa no han pasado en vano y que, por tanto, ya no existe el poder de origen divino sino la delegación temporal de funciones ejercida mediante la soberanía popular, es decir, mediante el ejercicio de la democracia y de la libertad. Porque democracia y libertad no son conceptos sinónimos, sino complementarios: la democracia se fundamenta en el gobierno de la mayoría y la libertad, en la protección de los débiles. El ideal liberal-democrático tendría que estar enraizado en la conciencia social de tal modo que su vigencia plena no dependiera de la alternativa electoral, sino que constituyera el eje inmóvil, intocable e indiscutible de la vida de una Ciudad digna de este nombre. 

La Ciudad –la república como modelo de convivencia de una sociedad buena- no puede construirse más que con la complicidad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Esta afirmación no es una tautología sino que acentúa la significación generalizadora de la expresión “todos y todas”. En la Ciudad no caben las exclusiones ni la soledad del desamparo porque la Ciudad es incompatible con la selva, con el poder del más fuerte, con  la exacerbación de un individualismo insolidario y con ese enfermizo “ultraliberalismo” darwinista que preconiza la extinción de quienes no puedan sobrevivir a sus expensas. La Ciudad, por el contrario, nace del desarrollo de unas reglas de convivencia enraizadas en su seno, es decir, del Derecho concebido como la tensión permanente para alcanzar la justicia. No es Derecho, aunque se vista de tal, ni la venganza ni la violencia. No es Derecho, tampoco, lo que permite el desvalimiento de una parte de la sociedad ni lo que autoriza el fraccionamiento comunitarista de una Ciudad  que los liberales de verdad han considerado siempre indivisible. Por esta razón, la Ciudad si quiere seguir siendo ella misma, no puede permitirse el lujo de excluir a los conservadores, pero éstos harían bien en tratar de comprender, por fin, que su herencia no es la de los militares golpistas que han ocupado con sus botas una buena parte de nuestro siglo XX, una herencia que deberían repudiar de forma expresa, ni tampoco la de los nacionalismos mesiánicos (del estilo Primo de Rivera, hijo, Sabino de Arana o Torras i Bages), sino el patrimonio europeo común de construcción de la república continental, pleno de referentes conservadores genuinamente democráticos. 

El gran reto de reconstrucción de la Ciudad que se abre en Cataluña tras las elecciones del 16 de noviembre de 2003 radica, en mi opinión, en la potencialidad extraordinaria de los valores republicanos  que comparten los partidos políticos concertados en torno al Presidente Pasqual Maragall. Ha llegado la hora del Estado (del Estado catalán en el seno del Estado español y éste, a su vez, formando parte integrante de la Unión Europea) al servicio de los ciudadanos y de liberar a los súbditos de la esclavitud de la Nación encarnada por falsos profetas. La responsabilidad del gobierno catalanista y de progreso está en demostrar, desde el primer día, lo que significa una acción política basada en la libertad, la justicia, la tolerancia y la laicidad. Está, también, en la reestructuración de las prioridades del gasto público, en el adelgazamiento de una Administración elefantiásica, en la mejora de la calidad de los servicios esenciales como la sanidad, la asistencia social y la educación públicas, lo que incluye revalorizar la autonomía universitaria dotándola de medios y exigiéndole resultados, y en la rectificación del error de querer transformar Cataluña en una Disneylandia de cartón piedra, en la que la estética de lo superficial esconde la muerte de los ríos y de los montes. 

Este es un momento de ilusión porque, entre todos, vamos a reconstruir la Ciudad. Y al hacerlo, desde la fuerza moral de la izquierda catalanista de tradición intachable, que nace en Valentí Almirall y llega hasta nosotros en la figura de Josep Tarradellas, nadie debe sentirse marginado, porque el resultado ha de ser una Ciudad mejor. Una Ciudad en la que resulte imposible la división fratricida entre “verdaderos” y “falsos” catalanes, una Ciudad en la que el pacto republicano nos haga a todos iguales, fraternos y libres.

 

Publicado en Management & Empresa, número 35 – diciembre de 2003.