Cuando han transcurrido diez días de la masacre de Madrid  -inabarcable dolor individual y colectivo-, los patéticos esfuerzos del Gobierno Aznar por demostrar que no mintió durante la grave crisis de los días 11, 12 y 13 de marzo de 2004 ponen de manifiesto que en aquellos momentos todos fuimos víctimas de una deleznable mentira de Estado. Para muestra, un botón: ni siquiera los “papeles” secretos desclasificados como coartada son en ningún momento tan tajantes sobre la autoría de los atentados como lo fue el Gobierno ante las cámaras de los medios de comunicación, ante las Naciones Unidas y ante el cuerpo diplomático con la circular de la Ministra de Exteriores. El Gobierno se mostró intransigente, pidió a los medios de comunicación que dieran una sola versión, programó una película determinada para la noche del sábado y puso en peligro al conjunto de la Unión Europea al no aplicar las previsiones de seguridad. El Gobierno mintió. 

Y mientras el Gobierno mentía, los ciudadanos turbaron la tranquilidad de la jornada de reflexión pidiendo que se rompieran las cadenas de la mendacidad y de la manipulación, exigiendo con rabia la verdad. No incumplieron las leyes, que sólo prohíben la propaganda electoral, pero sí hicieron algo inhabitual, golpeando sus cacerolas con energía. He de confesar que no me gustan las caceroladas, quizás porque me recuerdan las que amargaron a Allende en vísperas del golpe militar. Pero entendí y compartí –con la sola ayuda de mis hermanos en los barrios altos, siempre tan silenciosos- la protesta contra la segunda guerra de Irak y no sólo entendí, sino que aprobé íntimamente, la petición de información de la noche del sábado. La verdad hubiera detenido la protesta, algo que el Gobierno parece que todavía no ha entendido. No se incumplieron las leyes en la noche del sábado, 13 de marzo.

Pero sí se hubieran incumplido, si se hubiera roto algún precepto, el juicio sobre esta conducta no podría escindirse del análisis sobre la situación creada. ¡El Gobierno mentía! Aquella era una situación injusta, en la que los responsables de nuestra seguridad hicieron dejación de sus deberes, ¡no cerraron las fronteras! (¿se necesita prueba mayor?), y sólo pensaron en controlar en su beneficio a la opinión pública. Se les escapó el control de la situación, decía anoche Gabriel Elorriaga, director de la campaña del PP, en Informe Semanal. Por tanto, si alguien hubiera desobedecido a las leyes o al Gobierno, a un Gobierno mendaz e irresponsable, la desobediencia hubiera sido el ejercicio civil de un derecho, la resistencia ante situaciones injustas, que, por razones históricas bien conocidas, consagra la Constitución alemana. El domingo, 14 de marzo, fueron a votar muchas más personas de las que los estudios especializados preveían. La mentira y no la masacre, en mi opinión, fue el motor de estos sufragios.

 Mucha gente comprendió de pronto el significado republicano profundo del voto entendido mucho más como deber que como derecho. Y otra gente cambió su voto: en mi familia, que tradicionalmente divide sus preferencias en tres tercios, ni un solo voto dejó de ir, en el Congreso, al Partido Socialista, mientras que cada uno respetó su particular visión en el Senado. Votamos, así, por la defensa de la república como naturaleza de la sociedad organizada y no como forma del Estado, evidentemente. Votamos contra quienes desde el Gobierno habían vendido a la república y no contra el Partido Popular, cuya necesidad para el equilibrio del sistema nadie en su sano juicio cuestiona. Votamos, en suma, contra la prepotencia suicida de un Gobierno que nos había alejado del corazón de Europa, embarcándonos en una guerra injusta que perseguía unas inexistentes armas de destrucción masiva. Y votamos por el retorno de nuestras tropas de Irak, al menos mientras formen parte de la coalición anglonorteamericana, y no pasen a trabajar por la paz bajo bandera de Naciones Unidas. 

No hay cobardía sino rabia en la petición y en la decisión de que retornen las tropas. Nadie puede acusar de cobardía a un país que sufre la violencia ciega de ETA y responde con firmeza ante ella. Nadie puede acusar de cobardía a una ciudad como Barcelona que afronta en un silencio riguroso y solemne las muertes de Miguel Ángel Blanco, de Francisco Tomás y Valiente, de Ernest Lluch y de tantos otros y … de las víctimas de la masacre de Madrid. No somos un país cobarde –aunque para mí la cobardía es el derecho de cada ser humano a tener sus propias preferencias-, pero sí un país consciente.

El  Partido Socialista debe ahora trabajar por la recuperación del prestigio de la república. Con la ayuda inestimable de nuestro primer funcionario, el Rey, que otros menospreciaron. Con el sentido de Estado que otros traicionaron. Con la sensatez de quien se sabe fiduciario no sólo del encargo de gobernar con arreglo a su programa, que también, sino además del mandato de recuperar la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos.   

Publicat a Management & Empresa, núm. 38, març de 2004