En el debate sobre el nuevo Estatuto de Catalunya, un profesor pedía hace pocos días en otro diario la llave de Letamendi, refiriéndose a la reivindicación nacionalista de contar con una Agencia Tributaria independiente, simbolizada en la sede barcelonesa de la Delegación Especial de la Agencia estatal. Según esta tesis el Gobierno de la Generalitat debería substituir completamente al del Estado en materia tributaria y, en su caso, pagar un canon anual a Madrid por los gastos compartidos y por el cumplimiento del principio de solidaridad. En resumen, vienen a proclamar el académico en cuestión y algunos de sus amigos, que el dinero público de los catalanes sea para los catalanes.

No puedo estar más en desacuerdo con esta desafortunada manera de ver las cosas, rudimentaria, egoísta, comunitarista en el peor sentido y antigua.

Rudimentaria, porque simplifica hasta la caricatura el problema de la construcción de una Hacienda Pública moderna, reduciéndolo a la discusión de un patio de vecinos. Egoísta, porque sólo piensa en el propio bolsillo con una avaricia enfermiza. Comunitarista, porque menosprecia a los inspectores de Hacienda procedentes de otros lugares de la geografía española porque “no son de los nuestros”. Antigua, en fin, porque representa un retroceso hacia el foralismo pre-estatal y pre-democrático.

Es especialmente grave el insulto hacia la profesionalidad y bien hacer de tantos inspectores de Hacienda, servidores públicos, a quienes se desea cerrar la puerta de Catalunya con la famosa llave de Letamendi. Y mi defensa radical de estos conciudadanos no es sospechosa porque en muchas ocasiones he ejercido la sana crítica de su conducta cuando he discrepado de alguno de sus criterios. Pero no hay que confundir la libertad de pensamiento con la amargura y el resentimiento.

Catalunya necesita una nueva Hacienda Pública que dote a la res publica de un mejor esquema de ingresos y gastos públicos y que permita a un Gobierno comprometido con los valores del progreso realizar una política de mejora de las condiciones  de vida de todos los ciudadanos, desde el desarrollo económico hasta la efectividad de los derechos sociales. Esta nueva Hacienda Pública ha de hallar, naturalmente, su régimen jurídico esencial en el Estatuto, la norma básica del desarrollo de la autonomía constitucionalmente reconocida. Las reglas de decisión sobre los ingresos y sobre los gastos públicos han de vertebrar el marco institucional catalán con el entorno estatal y europeo, de tal forma que en este campo, como en todos los demás, se haga realidad el principio de que no estamos ni queremos estar solos –como decía Ramon Trías Fargas- si no nos obligan a ello.

La propuesta del catalanismo abierto y dialogante no separa, sino que une; no enfrenta, sino que dialoga; no impone, sino que sugiere. El horizonte razonable de nuestros impuestos sólo puede hallarse en una hacienda federal en la que se lleve hasta el último extremo el ideal de Justicia de que se contribuya según la capacidad y se reciba según las necesidades, interpretados ambos conceptos también desde la óptica territorial (a menudo, ciertamente, olvidada).

Rechazo de plano cualquier reivindicación del privilegio foral o del establecimiento de un cupo, se calcule como se calcule; pero pido a la res publica un nuevo pacto en el que todos nos sintamos mejor.

La Agencia Tributaria catalana no puede nacer independiente, separada o escindida, sino que ha de ser el cauce por el que la Hacienda de la Generalitat se organice en el seno de su Administración como un ente propio, competente sobre el conjunto del sistema tributario, pero consorciado y coordinado estrechamente con la Hacienda general. En definitiva, como catalán federalista, sumo mis fuerzas a las del Gobierno de Catalunya y a las de quienes huyen de la cerril pasión de proteger a toda costa “su” dinero y desean construir una forma de convivencia distinta en la España plural.

Una versió lleugerament corregida, publicada a LA VANGUARDIA, 16 de juliol de 2005, amb el títol “Tributos y Estatut”.