Como republicano federal mi celebración preferida es la del 6 de diciembre, aniversario de la Constitución. Cuando todavía no era fiesta solía invitar a mis alumnos a una copa de cava en la cafetería de la Escuela de Empresariales. Espero que algunos lo recordarán, ahora que la fecha se ha convertido en la excusa para unas mini-vacaciones. La Constitución, en efecto, inaugura una era especialmente afortunada de la historia de España, caracterizada por la mayoría de edad, de sus ciudadanos, por la rotunda asignación de la soberanía al pueblo y por el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones. Muere así la monarquía tradicional (el gobierno de uno), cuyo último titular fue el general Franco, y nace definitivamente la república democrática (el gobierno del pueblo en una sociedad inspirada por la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político), cuya primera jefatura es ocupada por el rey Juan Carlos.  ¿Una paradoja de la Historia? No, ciertamente, es la historia misma de un país atrasado y deforme que sólo empieza a comprender el significado de emancipación y progreso de su tradición liberal a fines del siglo XX y que acalla los demonios familiares de la religión fundamentalista, de la pervivencia de formas políticas arcaicas y del monopolio de la riqueza y del conocimiento mediante la construcción prudente de un edificio común para la convivencia en libertad. Esta república coronada del 6 de diciembre de 1978 es heredera de nuestros mejores momentos liberales, del golpe al absolutismo de 1820, de la revolución gloriosa de 1868 y de la exaltación de la ciudadanía de 1931. Todos los países democráticos han tenido que cercenar el poder del Rey y de la Religión porque ambas instituciones eran por definición enemigas de la democracia. Por el contrario, la democracia es perfectamente compatible con los reyes (constitucionales) y con las religiones (expresión de la conciencia  individual en un marco político de laicidad). Por esta razón no es una paradoja que la España democrática sea una monarquía parlamentaria. Y por este motivo no debería nadie de buena voluntad haber albergado duda alguna de la conveniencia y de la justicia de celebrar solemnemente el trigésimo aniversario de la coronación de don Juan Carlos hoy 27 de noviembre, que está pasando sin pena ni gloria.  El entierro del general Franco fue el último acto de una España aislada; la coronación del Rey, el primero de un proceso de recuperación de la dignidad perdida y de retorno al concierto de las naciones. La notabilísima desproporción cualitativa entre las representaciones internacionales presentes en uno y otro acto fue el símbolo de la percepción diplomática de las posibilidades del cambio.  

Claro que la caverna siguió golpeando y que mucha gente sufrió. Claro que la movilización activa y militante por la libertad, la amnistía y la autonomía política fue el factor insubstituible del progreso institucional. No existen los milagros. Pero aquel 27 de noviembre de 1975 significó un hito trascendental, el inicio del camino hacia la irreversible transformación democrática de España, una causa a la que ha servido fielmente nuestro primer funcionario, circunstancia que fundamenta con rigor la necesaria unidad en torno a la celebración del trigésimo aniversario de su toma de posesión, celebración que, como es sabido, ha tratado de impulsarse no por casualidad por un gobierno impregnado de los valores republicanos.