La toma de posición de la Señora Reding el 14 de septiembre ha merecido una dura réplica del Gobierno francés y un enojoso encogimiento de hombros de casi toda la clase política europea. Sin embargo, la Señora Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de Justicia, derechos fundamentales y ciudadanía, tiene razón y merece el apoyo firme y dedicado de cuantos militamos por Europa como un espacio de libertad.

La Unión Europea se construye sobre la tradición constitucional compartida de sus Estados miembros, sobre la letra de los tratados, sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y sobre la cultura de derechos humanos del Consejo de Europa. Éste es nuestro patrimonio compartido irrenunciable.

Desde esta perspectiva, los ciudadanos de la Unión sólo merecen y sólo pueden ser tratados, precisamente, como ciudadanos de la Unión. A esta condición sagrada, ¡no puede añadírsele ningún adjetivo que segregue la Unión en comunidades identificadas por causa de la etnia, nacionalidad, origen, sexo, opción sexual, lengua, ideología, convicciones o religión! Toda clasificación de los ciudadanos de la Unión bajo etiquetas colectivas es contraria al Derecho y a la Justicia.

El comportamiento del Gobierno francés, respecto a los ciudadanos de la Unión que en razón a su etnia gitana  están siendo deportados, bajo una u otra fórmula, es antirrepublicano, antieuropeo, antijurídico y xenófobo. Han de adoptarse cuantas medidas sean precisas para impedir la continuidad de esta política de segregación y, mientras tanto, hay que situarse militantemente al lado de la Vicepresidenta Reding. En esta materia, la inacción, el silencio o la conllevancia no son más que veladas fórmulas de complicidad, que nos harían a cada uno de nosotros igualmente culpables.

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