Los juristas utilizamos la Constitución como una herramienta de trabajo, porque la Constitución es una norma sobre la normación. La ausencia de Constitución sólo podría subsanarse mediante una tradición constitucional ínsita en la conciencia social, al modo de los británicos.  Fuera de este supuesto admirable, sin Constitución no hay Derecho ni derechos ni libertades ni tampoco deberes. Para los juristas, la Constitución no es un tótem sagrado, sino un marco de referencia imprescindible, por eso ha de ser interpretada creativamente al cumplirse o ha de ser modificada, cuando ello es preciso por algún motivo. A diferencia de algunos de mis colegas, pienso que cualquier artículo de la Constitución es susceptible de cambio, incluido el primero, de acuerdo con el procedimiento, a veces más simple y a veces más complejo, que la propia Constitución establece. Lo único que no admite una Constitución es su incumplimiento.

Me extraña, por tanto, que muchísima gente que  no ha leído jamás la Constitución sostenga fracuentemente opiniones sobre lo que desconoce. Así lo ha puesto de manifiesto el último barómetro del CIS: un 64,5 por 100 de los ciudadanos conoce “poco o nada” la Constitución, pero un 51,5 está insatisfecho con ella y un 54,1 apoyaría su reforma. Asombroso.

Más razonable, por preocupante que sea, es el grado de satisfacción con la democracia, actualmente de sólo un 29,6 por ciento, que combinado con el rechazo a una dictadura del 77 por 100, constituye una demanda clamorosa de mejora de la calidad de la democracia.