Niños robados: crimen internacional

Las recomendaciones son claras: España debería cubrir la inexplicable laguna que supone no haber ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad

 

 Diari de Tarragona: 00:00 – 05/10/2013

 

Recientemente ha visitado España el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, preocupado por las políticas del estado español. En 2009 España ratificó y quedó obligada por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reforzando su compromiso internacional y ampliando sus obligaciones. Si bien es cierto que la Convención no obliga a investigar y aclarar hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor, no es menos cierto que de acuerdo con la interpretación generalmente aceptada por la doctrina, y ampliamente avalada por los tribunales internacionales –especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo–, el crimen continúa cometiéndose mientras no aparece la víctima o hay noticia de su paradero. España está obligada a investigar, perseguir y juzgar los crímenes que aún no han cesado de producirse por no haber obtenido las víctimas y sus familiares reparación adecuada y justa.

La política represiva de robo de niños articulada en la posguerra y su perpetuación en el marco de las políticas de auxilio social del nacional-catolicismo y luego como negocio puro y duro articuladas en torno a grupos de poder que han logrado amplias esferas de impunidad es uno de los borrones de la política de derechos humanos y de la imagen internacional del estado español.

Las recomendaciones son claras: España debería cubrir la inexplicable laguna que supone no haber ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; debería incorporar en su legislación penal un delito autónomo de desaparición forzada, superando la dispersión que obliga a complicadas interpretaciones judiciales; y debería establecer un marco institucional y normativo adecuado para la interlocución y apoyo a las víctimas, así como para la reparación judicial. Las insuficiencias y límites de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, que deja en manos de los familiares y víctimas la iniciativade la investigación, y que ha tenido notables retrocesos en su raquítica implementación, junto con la vigencia de la cuestionada ley de Amnistía de 1977 –nuestra particular ley de punto final–, hacen que España se encuentre en una paradójica situación de violación de derechos humanos, garantizando la impunidad de los autores y la injusticia para las víctimas de un crimen internacional de lesa humanidad. Algo inaceptable en un estado democrático que abandona a las víctimas bajo una losa de impunidad y olvido.