http://www.02b.com/…/los-hoteles-de-lujo-se-frotan-las-mano…

La llamada “moratoria” para nuevos hoteles y otros alojamientos -mal llamada por los medios, porque no se pospone el pago de deuda alguna, sino que se suspende genéricamente la toma de decisiones sobre un tema- es una medida de legalidad discutible, porque la Administración no tiene el derecho sino el deber, la potestad, el derecho-deber, de resolver los expedientes. El ciudadano tiene, además, el derecho a impugnar las resoluciones de la Administración ante los tribunales (principio de tutela judicial efectiva). La decisión de no resolver, aunque sea temporal, es muy cuestionable y deja inermes a los interesados. Pero, además, en este caso, los “efectos colaterales” benefician a los que ya están y perjudican a los usuarios… sin hablar de la incertidumbre jurídica generada (principio de seguridad jurídica).