A cuantos, bien taponados sus oídos con cera,  se hallan enfrascados en el lanzamiento de monólogos sobre si Cataluña ha de convertirse en un Estado oficialmente independiente con bandera en Naciones Unidas o sobre si, por el contrario, ha de mantenerse como está, sometida a un régimen arbitrario por el Gobierno del Partido Popular que reduce la autonomía política al mínimo ante la inexistencia de un correcto sistema de financiación, me gustaría decirles que se han equivocado gravemente en sus planteamientos y que están haciéndole un daño irreparable a los ciudadanos de Cataluña y a la convivencia en general. Están perjudicando, además, a todas las personas con iniciativa que podrían contribuir al progreso, en el mejor sentido de esta palabra, y a cuantos son merecedores de políticas públicas de redistribución de la renta, abandonados a su suerte en el marco de una pobreza creciente, mientras la “identidad” –un concepto abstracto de otra época- impide que los electos y una buena parte de los servidores públicos cumplan la función para la que han sido designados.

Cojamos cualquiera de las encuestas que durante los últimos tres años se han interesado por conocer el estado de la cuestión sobre el modelo institucional para Cataluña. Da igual que en unas un poco más de la mitad estuviera a favor de la independencia y que en otras el resultado sea inverso. Dan igual los matices, porque el dibujo es siempre el mismo: hay o parece haber una cifra substancialmente idéntica de personas a favor de cortar amarras con el resto de España y de personas deseosas de mantener al conjunto de los ciudadanos en una misma flota, formada por barcos distintos, pero que naveguen en una misma dirección. Luego, cada una de estas posiciones más genéricas se concreta de una forma o de otra, desde la separación radical a la recentralización, desde la recuperación de una moneda propia y el abandono de la Unión Europea hasta la alteración del modelo lingüístico republicano impulsado, entre otros maestros renovadores, por Marta Mata en los ochenta.

Cuando una sociedad, como ha ocurrido con la catalana, se parte por la mitad, todas las teorías que preconizan la prevalencia de una sobre  otra parten de un prejuicio supremacista. Esto ocurre sólo en los extremos y no afecta a muchos ciudadanos corrientes, afortunadamente, aunque simpaticen más hacia un lado o hacia el otro. El PP y Ciudadanos, en el “equipo rojo” y la coalición CDC-ERC, en el “equipo cuatribarrado”, se hallan concentrados en la descripción de todos los matices del problema y cifran la solución en la derrota del adversario. Unos y otros se guían por el designio del “pueblo” tal y como éste es progresivamente configurado por el poder político al que aspiran por el Estado (español o catalán) que emana de aquél. Ciudadanos incorpora en su propio nombre y en su programa una visión ilustrada, de la que los demás carecen, y que además rechazan, lo que puede concederle un papel interesante en el futuro si se desprende de su prejuicio anticatalán y cambia del lado del problema al de la solución.

Los supremacistas que hoy se enfrentan en la arena catalana son los herederos de los que rechazaron la Constitución de Cádiz porque propugnaba “leyes sabias y benéficas”, leyes nuevas, en definitiva, y abandonaba las “leyes viejas”. Esta nostalgia por las leyes viejas anteriores al liberalismo y a la democracia, anteriores a la substitución del Rey por la Nación, anteriores a la República y a la socialdemocracia, la hallamos desde Cádiz en los apostólicos, los neocatólicos, los carlistas, los regionalistas de la Lliga a las órdenes de Cambó, como acaba de explicar Jordi Amat,  los pujolistas y los aznaristas.

Dejar las cosas como están produciría una gran decepción a la mitad de los catalanes. Declarar la independencia de Cataluña, a la otra mitad. El problema catalán de nuestro siglo XX se ha convertido en el dilema catalán. Al mismo tiempo, éste es también un dilema español, porque yerra quien sostenga que el resto de los españoles no se halla concernido por la cuestión. Basta con coger el AVE en cualquier dirección para darse cuenta. Lo que, en fin, nos deja entrever un dilema europeo.

Los amigos del resto de Europa nos dicen: “no me den a elegir entre ustedes”. Los del resto de España: “nos une un mismo deseo de libertad, seguridad y justicia”. Con los vecinos de la escalera nos hemos peleado por los gastos de comunidad, por la música estruendosa de un adolescente o por el exceso de riego de las macetas de la jubilada del cuarto, pero nos saludamos cada mañana con una sonrisa y un leve gruñido. Y no nos importa nada su pasaporte, su raza, su religión o su orientación sexual. El estado de la convivencia es mucho mejor que la convivencia entre los estados, como advertía aquella cajetilla libertaria de tabaco “H.M. Government can damage your health”.

El supremacismo no es nunca la solución, porque significa, simplemente, darle la vuelta al problema. La solución es muy sencilla y es el abandono de cualquier supremacismo, la capacidad de construir un marco inteligente, abierto y generoso en el que vivir juntos, en un entorno en el que el diálogo excluya los insultos y la descalificación del otro. En donde la gente deje de señalarse para que vuelva a aprender a quererse, es decir, volver a preocuparse de las políticas públicas impulsoras de la calidad de vida que hemos perdido. Le explico a mis alumnos que de la Constitución se derivan tres principios organizadores de la sociedad política: la unidad, la autonomía y la laicidad. Mi propuesta es aprovecharlos al máximo, porque aún pueden dar mucho juego. Educación, respeto, tolerancia, diálogo e inteligencia creativa. Para los que pensamos así ha nacido un nuevo insulto que procede de los unos y de los otros: “centrocampistas”. Que nadie olvide, que los centrocampistas nos encargamos de pasarle el balón a los delanteros.