Escrito para CONTRAPOSICIÓN.ORG

Me pregunta un lector amigo si le otorgo o no alguna relevancia al derecho de autodeterminación y le he prometido una respuesta meditada. La respuesta liminar, espontánea y directa es que, desde luego, creo que el reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación de los pueblos es uno de los hitos históricos en el combate por la equidignidad de las personas. Con igual inmediatez, creo también que no existen derechos absolutos que puedan pretender prevalecer sobre los demás derechos o que quieran prescindir del cumplimiento de los deberes. Los derechos y los deberes se necesitan mutuamente y unos y otros han de cohonestarse entre sí. Esta es la tarea de la Política y del Derecho, cada disciplina en su campo, como ha recordado varias veces en los últimos años la Profesora Encarna Roca, Magistrada de nuestro Tribunal Constitucional.

Prácticamente nadie invoca este derecho hoy en el debate sobre la continuidad de Cataluña en España. Sin embargo, sí fue objeto de discusión durante los años 1976 a 1978. Merece la pena detenerse un poco en cómo se planteó entonces la cuestión.  Se trataba de recuperar nuestra tradición constitucional truncada por el Nuevo Estado franquista, desde el Estatuto de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la republicana de 1931, recuperando lo mejor de cada una de ellas, y hacerlo a la luz del Derecho comparado. Las plataformas democráticas creadas desde 1974 no dejaron de tratar la cuestión catalana, en la línea del Pacto de San Sebastián de 1930. En los momentos previos a 1931 y a 1978 el derecho de autodeterminación de Cataluña, de su acceso al autogobierno, está indudablemente presente, aunque se trate, como ha destacado el Profesor Santiago Muñoz Machado, de una “autodeterminación interna”, que no tendría como consecuencia la separación de España sino la libre determinación de la forma de vincularse al Estado.

Cataluña, parte de España, como resultado de una Historia que no puede resumirse aquí,  expresa a través del sentir mayoritario de sus partidos políticos, que desea que el Estado, la organización política de la nación, acoja el reconocimiento de su autonomía política. “Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia”, es decir, desmantelamiento del franquismo, perdón lógico y razonable de quienes combatieron contra él, y construcción de un sistema de democracia liberal, con distintas “lenguas españolas”, orientado hacia una socialdemocracia de corte europeo occidental (Estado social) y con un “modelo abierto” de desarrollo de la autonomía de las nacionalidades y regiones. El pacto de 1978 se basa, sin lugar a dudas, en la trilogía de nuestras manifestaciones de entonces. 1978 es el renacer de las Españas, que se autodeterminan en el doble sentido de lo que ya no quieren sufrir nunca más (el poder autoritario, la represión, el silencio, la ignorancia, la explotación, el centralismo, el monolitismo, la religión nacional) y de cómo quieren vivir desde ese momento (los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo, vertebrados por los principios de unidad, autonomía y laicidad).

La Constitución ha sido y es un instrumento perfectamente válido para gestionar el ejercicio de la Política y regular la producción del Derecho que no puede considerarse agotado en cuanto que no ha alcanzado ninguno de los límites que la unidad, la autonomía y la laicidad imponen a la implantación de los cuatros valores superiores citados. La legislación ordinaria de las Cortes o de las asambleas legislativas y el gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas pueden ser mejores o peores. Serán, desde luego, siempre, mejorables. Pero que lleguen a ser en algunos casos, francamente, malos, sólo afecta a la crítica de lo ordinario y en nada vicia el juicio del marco general, de las reglas del juego, que deben tener una vocación de permanencia.

Tengo para mí que hoy un nuevo texto constitucional nos haría retroceder en temas como el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, la regulación y exigencia de los deberes, la protección de las personas como individuos, como trabajadores o empresarios, como emigrantes o como refugiados, … Y tengo, también, para mí, que muchos de los políticos que hoy parecen haberse especializado en proponer cambios legislativos, incluso constitucionales o de los tratados europeos, lo hacen para esconder tras el sonar de las trompetas su propia incompetencia.

Decía más arriba que el derecho de autodeterminación ha desaparecido del léxico político actual. De forma muy notoria no lo invoca la coalición electoral formada entre Convergència y Esquerra para las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, la cual, sin embargo, ha reducido su programa a la consecución de la independencia. Esto es fruto, si se disculpa mi atrevimiento, de la simplificación del debate político, ya no se busca el fundamento de un derecho, sino que se persigue el cumplimiento de un designio, calificado oficialmente como “transición nacional”. La transición nacional parece un trasunto de las previas transiciones, la sindical, que fue la primera, la política, la territorial y la religiosa, entre otras que se puedan concebir de este modo. La alianza entre nacionalistas clásicos y neoindependentistas (en la que los primeros controlan la estética, la atmósfera y los mitos fundacionales, amén en algunos casos de la preferencia por el ius sanguinis) se halla cómoda con la reducción de su empeño a una vaga transición, dirigida desde el Gobierno catalán, con apoyo popular a través de algunas entidades dedicadas a un lobby de gran dureza y perceptoras de un alto precio político por su agitación y propaganda,  que permita prescindir, precisamente, de la razón y del sentido del derecho de autodeterminación.

No es menos cierto, en efecto,  que entre 2012 y 2015, substancialmente, se ha alumbrado un concepto político nuevo, el “derecho a decidir”, que desea, explícitamente, no ser confundido con el derecho de autodeterminación. El Gobierno español ha ayudado decisivamente al éxito de la expresión, porque su estulticia a la hora de diseñar políticas a la luz de los principios de unidad, de autonomía y de laicidad ha sido de tal calibre que ha convertido en facilísima la extensión de la idea de que “no nos dejan decidir”.  Da igual cual sea el complemento directo de la frase y que ésta carezca de sentido al ser decidir un verbo transitivo que necesita siempre de un complemento directo. El derecho a decidir es una frase  incorrecta en catalán y en castellano que se ha convertido en un ariete de fácil uso y sencilla aceptación, precisamente porque su carencia de significado permite que cada uno le otorgue el que más le convenga. Es como al cantar Auld Lang Syne al despedirse de una reunión internacional: cada uno dice cosas distintas, pero se genera una emoción compartida…

 

Para un jurista laico,  como yo, que considera definitivamente superados los postulados del  Derecho natural y que defiende el positivismo bajo el criterio rector de lo que la conciencia social considera correcto, parece evidente que ni el derecho de autodeterminación ni el mal llamado derecho a decidir se hallan hoy reconocidos en una norma, por lo que, como tales derechos, no existen. Y no sólo no existen, sino que la Constitución española los considera superados al establecer como principios los de unidad,  autonomía y  laicidad. Las previsiones internacionales al respecto no resultarían jamás aplicables a Cataluña, en su situación actual, dotada de un Parlamento y de un Gobierno nacidos de la periódica convocatoria de los ciudadanos a las urnas y titulares de la práctica totalidad de las competencias posibles.

El derecho de autodeterminación no está regulado, pero, si lo estuviera de algún modo, ¿sería justo ejercerlo no para la reforma de la Constitución, sino para su rompimiento? Desde mi punto de vista, no, no sería justo. Constituiría una deslealtad hacia el resto de España y hacia aquella parte de los ciudadanos de Cataluña que no deseamos abrir esa brecha. Como sería desleal con el resto de la Unión Europea que España o una parte de ella quisiera abandonarla. La convivencia genera derechos, pero también deberes, y, más allá de unos y otros, legítimas expectativas. No sería equitativo defraudarlas.

No obstante, que las aspiraciones a autodeterminarse o a decidir sobre la organización de las cosas no sea un derecho hoy en España no significa que no sean conceptos políticos que no resulten merecedores de hallar una vía mediante la que la propuesta ideológica pueda transformarse en realidad. Creo, como he escrito otras veces, que del enfrentamiento entre nacionalismos que se retroalimentan no puede salir nada bueno. Ya estamos viendo los frutos y éstos son todos indeseables, por lo que suponen de exaltación del comunitarismo y, por tanto, de debilitamiento de cualquier forma de república de ciudadanos. Anecdóticamente, o quizás no tanto, la expresión “poble de Catalunya” tiene 315.000 referencias en Google por 192.000 de “ciutadans de Catalunya”. Más seriamente, obsérvese como “poble” ha substituido a “ciutadans” en los discursos del presidente Artur Mas y en la terminología de la coalición electoral entre Convergència y Esquerra. Pujol ha vencido a Tarradellas. Y, como ha escrito, brillantemente, Jordi Amat, Cobi ha muerto. Cobi, la mascota de Mariscal para los Juegos de 1992, la Barcelona de socialistas como Pasqual Maragall y de liberales como Ramon Trias Fargas.

La muerte de Cobi ha de ser vengada, pero de nada servirá que el sector urbanita, laico y cosmopolita que gira alrededor de Barcelona pretenda buscar al asesino entre los nacionalistas clericaloides y sus compañeros de aventura. Si fodieris, invenies… decían los antiguos. Si excavamos en el interior de nosotros mismos hallaremos al Cobi vivo que llevamos dentro y, al redescubrir las Españas, seremos capaces de ofrecer un nuevo marco federal de convivencia (unus pro omnibus, omnes pro uno) al que llegaremos a través de un ejercicio de autodeterminación interna, imaginado en el marco de la Constitución y en la que los votantes hallen verdaderas opciones de construcción política y no meras diatribas deconstructoras. Y si sale mal, si más de la mitad de los ciudadanos catalanes expresara que desea irse, habríamos fracasado todos, porque, en las conocidas palabras del presidente Manuel Azaña en la Barcelona de 1930, habríamos sustituido la “liberación común” –la autodeterminación como emancipación- por la “separación” y “no es lo mismo vivir independiente de otro que vivir libre”. Y todos seríamos menos libres.