Leo los comentarios indignados de algunos sectores cristianos contra ciertas propuestas anticlericales sometidas a votación en el Ayuntamiento de Sevilla. Comparto, prima facie, su criterio: la separación entre las confesiones religiosas y el Estado ha de poner fin a la mezcla entre uno y otro orden. Que cada uno organice sus fiestas como quiera, en el marco de una lógica distribución de tiempos y de espacios. Que no haya lugar a enfrentamientos. Que la Semana Santa, por tanto, sea una celebración cristiana y no una celebración de los Ayuntamientos. Que ello convierta en innecesaria la protesta contra el mantenimiento de su carácter oficial, incompatible con la laicidad, que es un marco abierto de tolerancia y de gestión de la pluralidad. Pero hay un tema que me sorprende: unos piden que el Obispo deje de ser autoridad pública y otros quieren que lo siga siendo. Es un error: el Obispo ya no es una autoridad pública desde el artículo 16.1 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Al Obispo no se le reconoce autoridad alguna; se tienen con él la deferencia y la cortesía propias de quien encabeza la circunscripción local de una entidad religiosa.