You are currently browsing the tag archive for the ‘Drets humans’ tag.

Escrito para CONTRAPOSICIÓN.ORG

Me pregunta un lector amigo si le otorgo o no alguna relevancia al derecho de autodeterminación y le he prometido una respuesta meditada. La respuesta liminar, espontánea y directa es que, desde luego, creo que el reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación de los pueblos es uno de los hitos históricos en el combate por la equidignidad de las personas. Con igual inmediatez, creo también que no existen derechos absolutos que puedan pretender prevalecer sobre los demás derechos o que quieran prescindir del cumplimiento de los deberes. Los derechos y los deberes se necesitan mutuamente y unos y otros han de cohonestarse entre sí. Esta es la tarea de la Política y del Derecho, cada disciplina en su campo, como ha recordado varias veces en los últimos años la Profesora Encarna Roca, Magistrada de nuestro Tribunal Constitucional.

Prácticamente nadie invoca este derecho hoy en el debate sobre la continuidad de Cataluña en España. Sin embargo, sí fue objeto de discusión durante los años 1976 a 1978. Merece la pena detenerse un poco en cómo se planteó entonces la cuestión.  Se trataba de recuperar nuestra tradición constitucional truncada por el Nuevo Estado franquista, desde el Estatuto de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la republicana de 1931, recuperando lo mejor de cada una de ellas, y hacerlo a la luz del Derecho comparado. Las plataformas democráticas creadas desde 1974 no dejaron de tratar la cuestión catalana, en la línea del Pacto de San Sebastián de 1930. En los momentos previos a 1931 y a 1978 el derecho de autodeterminación de Cataluña, de su acceso al autogobierno, está indudablemente presente, aunque se trate, como ha destacado el Profesor Santiago Muñoz Machado, de una “autodeterminación interna”, que no tendría como consecuencia la separación de España sino la libre determinación de la forma de vincularse al Estado.

Cataluña, parte de España, como resultado de una Historia que no puede resumirse aquí,  expresa a través del sentir mayoritario de sus partidos políticos, que desea que el Estado, la organización política de la nación, acoja el reconocimiento de su autonomía política. “Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia”, es decir, desmantelamiento del franquismo, perdón lógico y razonable de quienes combatieron contra él, y construcción de un sistema de democracia liberal, con distintas “lenguas españolas”, orientado hacia una socialdemocracia de corte europeo occidental (Estado social) y con un “modelo abierto” de desarrollo de la autonomía de las nacionalidades y regiones. El pacto de 1978 se basa, sin lugar a dudas, en la trilogía de nuestras manifestaciones de entonces. 1978 es el renacer de las Españas, que se autodeterminan en el doble sentido de lo que ya no quieren sufrir nunca más (el poder autoritario, la represión, el silencio, la ignorancia, la explotación, el centralismo, el monolitismo, la religión nacional) y de cómo quieren vivir desde ese momento (los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo, vertebrados por los principios de unidad, autonomía y laicidad).

La Constitución ha sido y es un instrumento perfectamente válido para gestionar el ejercicio de la Política y regular la producción del Derecho que no puede considerarse agotado en cuanto que no ha alcanzado ninguno de los límites que la unidad, la autonomía y la laicidad imponen a la implantación de los cuatros valores superiores citados. La legislación ordinaria de las Cortes o de las asambleas legislativas y el gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas pueden ser mejores o peores. Serán, desde luego, siempre, mejorables. Pero que lleguen a ser en algunos casos, francamente, malos, sólo afecta a la crítica de lo ordinario y en nada vicia el juicio del marco general, de las reglas del juego, que deben tener una vocación de permanencia.

Tengo para mí que hoy un nuevo texto constitucional nos haría retroceder en temas como el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, la regulación y exigencia de los deberes, la protección de las personas como individuos, como trabajadores o empresarios, como emigrantes o como refugiados, … Y tengo, también, para mí, que muchos de los políticos que hoy parecen haberse especializado en proponer cambios legislativos, incluso constitucionales o de los tratados europeos, lo hacen para esconder tras el sonar de las trompetas su propia incompetencia.

Decía más arriba que el derecho de autodeterminación ha desaparecido del léxico político actual. De forma muy notoria no lo invoca la coalición electoral formada entre Convergència y Esquerra para las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, la cual, sin embargo, ha reducido su programa a la consecución de la independencia. Esto es fruto, si se disculpa mi atrevimiento, de la simplificación del debate político, ya no se busca el fundamento de un derecho, sino que se persigue el cumplimiento de un designio, calificado oficialmente como “transición nacional”. La transición nacional parece un trasunto de las previas transiciones, la sindical, que fue la primera, la política, la territorial y la religiosa, entre otras que se puedan concebir de este modo. La alianza entre nacionalistas clásicos y neoindependentistas (en la que los primeros controlan la estética, la atmósfera y los mitos fundacionales, amén en algunos casos de la preferencia por el ius sanguinis) se halla cómoda con la reducción de su empeño a una vaga transición, dirigida desde el Gobierno catalán, con apoyo popular a través de algunas entidades dedicadas a un lobby de gran dureza y perceptoras de un alto precio político por su agitación y propaganda,  que permita prescindir, precisamente, de la razón y del sentido del derecho de autodeterminación.

No es menos cierto, en efecto,  que entre 2012 y 2015, substancialmente, se ha alumbrado un concepto político nuevo, el “derecho a decidir”, que desea, explícitamente, no ser confundido con el derecho de autodeterminación. El Gobierno español ha ayudado decisivamente al éxito de la expresión, porque su estulticia a la hora de diseñar políticas a la luz de los principios de unidad, de autonomía y de laicidad ha sido de tal calibre que ha convertido en facilísima la extensión de la idea de que “no nos dejan decidir”.  Da igual cual sea el complemento directo de la frase y que ésta carezca de sentido al ser decidir un verbo transitivo que necesita siempre de un complemento directo. El derecho a decidir es una frase  incorrecta en catalán y en castellano que se ha convertido en un ariete de fácil uso y sencilla aceptación, precisamente porque su carencia de significado permite que cada uno le otorgue el que más le convenga. Es como al cantar Auld Lang Syne al despedirse de una reunión internacional: cada uno dice cosas distintas, pero se genera una emoción compartida…

 

Para un jurista laico,  como yo, que considera definitivamente superados los postulados del  Derecho natural y que defiende el positivismo bajo el criterio rector de lo que la conciencia social considera correcto, parece evidente que ni el derecho de autodeterminación ni el mal llamado derecho a decidir se hallan hoy reconocidos en una norma, por lo que, como tales derechos, no existen. Y no sólo no existen, sino que la Constitución española los considera superados al establecer como principios los de unidad,  autonomía y  laicidad. Las previsiones internacionales al respecto no resultarían jamás aplicables a Cataluña, en su situación actual, dotada de un Parlamento y de un Gobierno nacidos de la periódica convocatoria de los ciudadanos a las urnas y titulares de la práctica totalidad de las competencias posibles.

El derecho de autodeterminación no está regulado, pero, si lo estuviera de algún modo, ¿sería justo ejercerlo no para la reforma de la Constitución, sino para su rompimiento? Desde mi punto de vista, no, no sería justo. Constituiría una deslealtad hacia el resto de España y hacia aquella parte de los ciudadanos de Cataluña que no deseamos abrir esa brecha. Como sería desleal con el resto de la Unión Europea que España o una parte de ella quisiera abandonarla. La convivencia genera derechos, pero también deberes, y, más allá de unos y otros, legítimas expectativas. No sería equitativo defraudarlas.

No obstante, que las aspiraciones a autodeterminarse o a decidir sobre la organización de las cosas no sea un derecho hoy en España no significa que no sean conceptos políticos que no resulten merecedores de hallar una vía mediante la que la propuesta ideológica pueda transformarse en realidad. Creo, como he escrito otras veces, que del enfrentamiento entre nacionalismos que se retroalimentan no puede salir nada bueno. Ya estamos viendo los frutos y éstos son todos indeseables, por lo que suponen de exaltación del comunitarismo y, por tanto, de debilitamiento de cualquier forma de república de ciudadanos. Anecdóticamente, o quizás no tanto, la expresión “poble de Catalunya” tiene 315.000 referencias en Google por 192.000 de “ciutadans de Catalunya”. Más seriamente, obsérvese como “poble” ha substituido a “ciutadans” en los discursos del presidente Artur Mas y en la terminología de la coalición electoral entre Convergència y Esquerra. Pujol ha vencido a Tarradellas. Y, como ha escrito, brillantemente, Jordi Amat, Cobi ha muerto. Cobi, la mascota de Mariscal para los Juegos de 1992, la Barcelona de socialistas como Pasqual Maragall y de liberales como Ramon Trias Fargas.

La muerte de Cobi ha de ser vengada, pero de nada servirá que el sector urbanita, laico y cosmopolita que gira alrededor de Barcelona pretenda buscar al asesino entre los nacionalistas clericaloides y sus compañeros de aventura. Si fodieris, invenies… decían los antiguos. Si excavamos en el interior de nosotros mismos hallaremos al Cobi vivo que llevamos dentro y, al redescubrir las Españas, seremos capaces de ofrecer un nuevo marco federal de convivencia (unus pro omnibus, omnes pro uno) al que llegaremos a través de un ejercicio de autodeterminación interna, imaginado en el marco de la Constitución y en la que los votantes hallen verdaderas opciones de construcción política y no meras diatribas deconstructoras. Y si sale mal, si más de la mitad de los ciudadanos catalanes expresara que desea irse, habríamos fracasado todos, porque, en las conocidas palabras del presidente Manuel Azaña en la Barcelona de 1930, habríamos sustituido la “liberación común” –la autodeterminación como emancipación- por la “separación” y “no es lo mismo vivir independiente de otro que vivir libre”. Y todos seríamos menos libres.

Les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre són, òbviament, unes eleccions com les que han tingut lloc a l’empara de l’Estatut d’Autonomia des de 1980 i tenen la doble finalitat de triar 135 electes o representats dels votants i de crear una o altra majoria de la que surti el President de la Generalitat. Sense Constitució, sense Estatut i sense llei electoral, ni que sigui encara transitòria, no es celebrarien aquests comicis. El marc legal es decisiu: no hi ha eleccions lliures sense una referència d’estabilitat normativa que defineixi el seu significat, les regles del joc i les institucions destinatàries. El que, per descomptat, és diferent a aquestes eleccions són les candidatures i els programes.

Un primer grup de candidatures, diguem-ne, no habituals està constituït per la traducció política de la decepció i del pessimisme. D’una banda, un cert fatalisme nacional, que afecta a una part considerable de la població activa políticament, segons el qual el nostre problema més gran és l’encaix de Catalunya a Espanya, encaix que consideren avui impossible, i per això propugnen la desconnexió de Catalunya respecte d’Espanya. D’altra banda, una part de la població està justificadament indignada per l’empitjorament de les condicions de vida, l’exclusió social i l’augment de la desigualtat. Uns i altres estan enfadats, però al meu parer els segons amb molta més raó que els primers, entre altres coses perquè una part del sofriment dels exclosos procedeix de l’abandonament de la política de govern dels que ho fien tot al color de la seva bandera. Aquestes dues candidatures porten uns noms que confirmen la seva excepcionalitat: “Junts pel Sí” i “Catalunya Sí es Pot”. Tenen una cosa en comú: saben molt millor el que no volen (uns rebutgen Espanya, els altres rebutgen el sistema) que el que volen (uns no tenen programa perquè són una nova “solidaritat catalana”, els altres tampoc el tenen, perquè encara han de provar mil coses amb el sistema assaig-error).

Un segon grup es mou per reaccionar contra el grup anterior. Uns estan horroritzat amb la proposta d’independència de Catalunya (Ciutadans) i els altres perden el senderi quan veuen als militants del “lletgisme” estètic subvertir l’ordre establert (Partit Popular). A Catalunya, molt més que a la resta d’Espanya, aquests dos partits representen també l’expressió del rebuig a l’adversari.

Els dos grups anteriors s’alimenten en el seu enfrontament i obtenen la seva força de la negació de l’adversari. Tendeixen a pensar que són l’avantguarda d’una comunitat en perill i es concentren en la crítica de l’altre. Sovint els hi pesen més les consideracions estètiques que les propostes de polítiques reals: el color i el nombre de banderes, els noms dels carrers, els falsos enfrontaments… Cap dels dos grups ha entès realment que la construcció d’una república de ciutadans no té res a veure amb el nom del cap d’Estat sinó amb la vivència efectiva d’uns valors compartits, un dels quals és el pluralisme (des de totes les seves vessants) com la millor forma d’impuls d’una societat madura i oberta.

Queda, finalment, un tercer grup, que podríem anomenar “moderat”: no parla en negatiu, no cerca la identificació d’un enemic a batre, accepta les regles jurídiques rectores de la convivència, perquè respecta el Dret com a emanació d’una consciència social recta i solidària, vol que les coses millorin, però sap que la cerca de la perfecció és una excusa dels desorientats que no saben caminar pas a pas. Aquí trobem a les persones sanament conservadores (Unió Democràtica) i a les sensatament reformistes (el Partit Socialista). No volen trencar res, no necessiten servir els falsos ídols de les quimeres nacionals o socials, no veuen en l’altre a un enemic i tenen la vocació de servir a la república a través de l’educació universal, del conreu de les virtuts públiques, de la fraternitat que supera qualsevol barrera artificial i de la cooperació lleial de tots els operadors individuals i col·lectius, públics, privats i del Tercer Sector. L’únic dogma d’aquest grup és la cultura dels drets humans en el marc d’un sistema polític representatiu i respectuós de les llibertats i de les diferències.

 

Els ciutadans de Catalunya, amb independència de la seva llengua materna, han associat i continuen associant les seves aspiracions de construcció d’una societat oberta a la capacitat de la llengua catalana de ser un vehicle normal de comunicació a tots els nivells, des del carrer als instituts de recerca, des de l’administració pública al comerç, des de l’escola a la feina. Conscients de que una societat democràtica avançada es basteix sobre la destrucció de les barreres que confinen a la gent en comunitats tancades, de tal manera que tots puguin accedir igualment al lliure desenvolupament de la seva personalitat, els ciutadans de Catalunya no han convertit mai des de 1978 la llengua en matèria d’enfrontament. Al contrari, com a eina emancipadora, la llengua catalana juga el paper que li correspon en una societat caracteritzada pel reconeixement del drets i l’exigència dels deures. La llengua és un dret de cada persona que només por fer-se realitat si és també un deure, que no s’imposa, però que s’accepta, de tal manera que ningú sigui considerat de menor condició per l’opció que realitzi entre les llengües oficials. L’anomenada immersió lingüística ha servit i serveix per a assolir aquest darrer ideal i per a garantir el manteniment de la pluralitat en el manteniment de la unitat cívica. La unitat és el primer valor a preservar a una societat madura. Ara, les lamentables propostes de la Llei Wert ofenen a uns ciutadans que se senten estretament units per una llengua que és un vehicle de la llibertat, una finestra oberta al castellà i a les altres llengües romàniques, i un mecanisme de superació de qualsevol discriminació de raça, origen o condició.

No he leído la sentencia, pero sí el resultado. El matrimonio entre personas del mismo sexo seguirá siendo una institución de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, una muestra de como hasta la piel de toro puede ser un espacio de tolerancia, en el mejor sentido de este término, que define una de las virtudes públicas por excelencia. Buen día para quienes creemos en la ciudadanía como el elemento central definidor de la república.

Llegit al confidencial de EL TRIANGLE:

Què dificulta una moció de censura contra Garcia Albiol a Badalona?  

La resistència de CiU a fer fora l’alcalde del PP amb cap argument vinculat a la immigració. Iniciativa ha reclamat la dimissió de Garcia Albiol amb motiu de la reobertura per part de l’Audiència de Barcelona del procés per suposat odi racial arran d’uns pamflets contra la població romanesa que van ser repartits pel PP de Badalona. Des de la direcció convergent es considera que desestabilitzar l’alcalde amb aquest tema és un error ja que la seva demagògia en qüestions d’immigració li va aportar molts vots en el seu moment. Segons aquesta visió, una aliança de PSC, Iniciativa i CiU només pot ser factible després de posar en evicència el fracàs de la gestió econòmica de Garcia Albiol. 
Drets humans, amics meus, més drets humans i menys tonteries.

La Vanguardia de ayer describe la manifestación en Túnez de miles de personas, sobre todo mujeres, en la capital y en Sfax, exigiendo al Gobierno, y al partido que lo sustenta, Ennahda (النهضة), que retire un proyecto de reforma constitucional que elimina el concepto de igualdad de sexos para substituirlo por la concepción de las mujeres como complementarias a los hombres en el seno de la família. Exactamente lo mismo que decían los manuales de Formación del Espíritu Nacional…

 

La necesaria carta abierta de Javier Esparza, neurocirujano, publicada en EL PAÍS, el 25 de julio de 2012:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/24/actualidad/1343153808_906956.html

 

La sentència del 28 de juny del Tribunal Suprem dels Estats Units  ha confirmat la major part de preceptes de la segona Llei de reforma del sistema de salut americà. Les contribucions obligatòries a mecanismes de seguretat social equivalen –diu el Tribunal- a un tribut i, per tant, la potestat tributària del Congrés empara la possibilitat de regular aquesta matèria. Tècnicament impecable (des de la perspectiva jurídica també les contribucions a la Seguretat Social a Europa són un tribut, com sempre ha explicat Fernando Pérez Royo, malgrat que això es digui poc), la sentència ratifica una revolució política central del programa del president Obama. Una notícia excel·lent.

Cuando el Gobierno suprime de la asignatura de ciudadanía el respeto por la libre opción sexual y los obispos católicos anatematizan la homosexualidad, mucha gente se siente herida. Con razón.

Friend —

Today, I was asked a direct question and gave a direct answer:

I believe that same-sex couples should be allowed to marry.

I hope you’ll take a moment to watch the conversation, consider it, and weigh in yourself on behalf of marriage equality:

http://my.barackobama.com/Marriage

I’ve always believed that gay and lesbian Americans should be treated fairly and equally. I was reluctant to use the term marriage because of the very powerful traditions it evokes. And I thought civil union laws that conferred legal rights upon gay and lesbian couples were a solution.

But over the course of several years I’ve talked to friends and family about this. I’ve thought about members of my staff in long-term, committed, same-sex relationships who are raising kids together. Through our efforts to end the “Don’t Ask, Don’t Tell” policy, I’ve gotten to know some of the gay and lesbian troops who are serving our country with honor and distinction.

What I’ve come to realize is that for loving, same-sex couples, the denial of marriage equality means that, in their eyes and the eyes of their children, they are still considered less than full citizens.

Even at my own dinner table, when I look at Sasha and Malia, who have friends whose parents are same-sex couples, I know it wouldn’t dawn on them that their friends’ parents should be treated differently.

So I decided it was time to affirm my personal belief that same-sex couples should be allowed to marry.

I respect the beliefs of others, and the right of religious institutions to act in accordance with their own doctrines. But I believe that in the eyes of the law, all Americans should be treated equally. And where states enact same-sex marriage, no federal act should invalidate them.

If you agree, you can stand up with me here.

Thank you,

Barack

Categories

Arxiu

RSS i Marcadors Socials

AddThis Feed Button Bookmark and Share BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog