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No crec en el dogma de que cal gastar qualsevol superàvit. Defenso el principi de que els ingressos públics han de ser suficients per a cobrir les despeses. Les despeses es decideixen d’acord amb un programa i no en funció del que queda a la caixa.

No crec en el dogma de que només és progressista augmentar els tributs. El que és progressista és encertar en el disseny de la millor despesa pública i fer-ho amb un horitzó redistributiu. A una Ciutat amb la pressió fiscal de Barcelona, la congelació durant un any de les figures tributàries, una bona part de les quals recau sobre els immobles, és una mesura raonada i raonable.

Aparece en IMPUESTOS, La Ley, Grupo Wolters Kluwer, nº 14 / Año XXVI, julio de 2010, páginas 11 – 20.

El Derecho tributario español tras veinte años de directa influencia europea

 

Publicado en Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras: Veinte años de España en la integración europea, Barcelona, 2006, págs. 291-309.

Las operaciones vinculadas

Ésta es la comunicación presentada hoy en el Hotel Majestic de Barcelona durante el XXV Congreso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

La desaparición de la transparencia fiscal

Carlos Sancho me invita a tomar la palabra en la Cámara de Comercio para explicar a un público de empresarios las razones del fin de esta peculiar institución incorporada a nuestro ordenamiento a finales de 1978. El enlace superior  conduce a las notas preparadas para la conferencia, aunque las he seguido, en realidad, muy poco durante mi intervención.

Los incentivos fiscales a la creación de empresas: las sociedades de capital-riesgo

Publicado en Fundación Antonio Lancuentra – XXV Aniversario: Estudios de Fiscalidad Empresarial, Magín Pont Mestres y Joan-Francesc Pont Clemente (coordinadores), Universitat de Barcelona y Fundació Bosch Gimpera, 2002, págs. 133-149.

La duración de las actuaciones inspectoras…

Publicado en Temas Tributarios de Actualidad, Asociación Española de Asesores Fiscales, enero de 2002, número 3.

La necesidad de establecer…

Publicado en Magín Pont Mestres (coord.): Financiación de los entes locales, Diputació de Barcelona y Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, págs. 369-409.

La Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona, presidida por Juan Carlos Maresca Cabot, ha celebrado hoy un coloquio sobre el proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes, presidido por el decano, Eugeni Gay Montalvo, y moderado por Juan Luis Domínguez García, presidente de la sección de Derecho fiscal. Los ponentes han sido José Juan Ferreiro Lapatza, Joan-Francesc Pont Clemente, José Arias Velasco, Antonio Velasco Garrido y Eduardo Barrachina Juan.

Ferreiro sostiene que la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente tendría un nombre más acertado si se llamase Ley de Derechos y Garantías de la Administración de Tributos pues, contra lo que parece y se intenta que parezca (pues se trata, esencialmente, no de una Ley, sino de pura propaganda política), más que reconocer tales derechos y garantías protege a la Administración con un derecho especial que hace inaplicable la Ley 30/92. Las concesiones más importantes que en ella se hacen, no vender los bienes embargados y no garantizar las sanciones hasta que sean firmes las actuaciones de la Administración, demuestran hasta que punto en la actualidad se desconocen los derechos mínimos de los contribuyentes. Estas y otras concesiones menos importantes y llenas de excepciones no justifican una Ley como la proyectada (pues bastan modificaciones puntuales de la LGT para ello) ni mucho menos justifican la campaña propagandística montada en torno al Proyecto.

Para Pont, el Estatuto del Contribuyente es una solución equivocada para un problema falso. El problema es falso, porque no puede aislarse la situación jurídica del contribuyente de la del resto de los ciudadanos: lo tributario no es un reino de taifas aislado, sino que le resultan plenamente aplicables la Constitución y la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Es, en segundo lugar, un falso problema, porque a finales del siglo XX no cabe aislar los derechos respecto de los deberes. Y es un falso problema, por último, porque los contribuyentes no están sujetos a la Administración en una posición de súbditos, sino que ciudadanos y Administración están sujetos por igual a la Ley y al Derecho. La solución resulta ser errónea porque los contribuyentes no requieren protección frente a Hacienda mediante una norma estatutaria, sino que la Administración se adapte al cumplimiento de una Ley General Tributaria conforme a la Constitución y a los nuevos tiempos. El llamado Estatuto del Contribuyente constituye una burda campaña propagandística sin contenido real.

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